Instituciones Religiosas

Las relaciones Iglesia-Estado en México, una historia de encuentros y desencuentros 

Profesemos o no la religión católica, es innegable la presencia que la institución ha tenido en nuestra cultura. Ciertos espacios de socialización, de formas de asumir la vida, hasta la misma disposición espacial de las ciudades y pueblos, tienen que ver con la influencia de la Iglesia que se ha mantenido prácticamente incólume desde los tiempos de la Nueva España, a pesar de los embates de la secularización de los siglos XVIII y XIX, y de la radicalización de los gobiernos revolucionarios de los generales Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia han sido francamente complicadas y tormentosas, pero al mismo tiempo ambas instancias han aprendido a negociar y buscar espacios para la conciliación. 

Para 1859 se declaró la nacionalización de todos los bienes eclesiásticos y con la reducción de los fueros o privilegios a clérigos y la imposibilidad de que los asuntos civiles fueran ajusticiados por tribunales eclesiásticos-- disposiciones de la Ley Juárez del 23 de noviembre de 1855-- la Iglesia quedó desplazada como poder y se estableció una clara separación con respecto del Estado una vez que las Leyes prerreformistas y las de Reforma fueron incorporadas a la Constitución de 1857, el 25 de septiembre de 1873. En síntesis, el objetivo principal del Estado era secularizar no solo la política sino la vida cultural y separar claramente los ámbitos de lo temporal y espiritual.2 El culto fue constreñido a las paredes de las iglesias: procesiones y festividades religiosas, los crudos atavíos de monjas y sacerdotes fueron consignados a espacios ex profeso y los representantes del gobierno fueron prevenidos para no participar en actos religiosos. En 1875 una rebelión de “religioneros” enarboló demandas al grito de religión y fueros como respuesta a la radicalización del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada.

No obstante el “extremismo” de los liberales lo cierto es que la Iglesia --hábil para manejar las coyunturas y buscar mecanismos de conciliación-- corrió con la suerte de que el régimen encabezado por el general Porfirio Díaz, optó por el respeto de las formalidades constitucionales y una práctica condescendiente. En efecto, las leyes se respetaron en la forma y la Iglesia mantuvo amplias libertades para reorganizarse y fortalecerse. El porfiriato permitió que las bases sociales acudieran al llamado del papa León XIII quien, en la encíclica Rerum Novarum sobre la cuestión social y la situación de los obreros, exhortaba la necesidad de una tercera vía alternativa al liberalismo y el socialismo. El proyecto consistía en recatolizar a la gente y establecer la constitución cristiana del Estado. Ésta partía de la noción fundamental de independencia y no separación con respecto de este último, es decir, reconocimiento de la Iglesia como sociedad perfecta con plenos derechos y garantía constitucional para desempeñar sus actividades. 

No es sorprendente entonces que los gobiernos revolucionarios, herederos de la tradición liberal reformista, pretendieran colocar al Estado por encima de cualquier poder frente a las diligencias que la Iglesia se tomaba. Y en este sentido es que el general Plutarco Elías Calles, el más radical en materia religiosa, obtuvo del Congreso en enero de 1926 la aprobación de la Ley Reglamentaria del artículo 130, la cual facultaba al poder federal la regulación de la “disciplina” de la Iglesia y confirmaba el desconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, de tal suerte que los sacerdotes serían considerados como simples profesionistas y las legislaturas estatales tendrían facultad para determinar el número máximo de sacerdotes dentro de su jurisdicción. Se requería, además, un permiso de la secretaría de Gobernación para la apertura de nuevos lugares de culto.

Cinco meses después, el presidente expidió la “Ley Calles” que reunió todos los decretos y reglamentaciones de los artículos relacionados con la Iglesia, además de que se establecían sanciones a los infractores de los artículos 3°, 5°, 24 , 27 y 130 constitucionales. El resultado fue la suspensión del culto que los jerarcas de la Iglesia determinaron para el 31 de julio del mismo año. Los seglares, organizados en la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa --organización que aglutinaba otras más como los Caballeros de Colón, la Unión de Damas Católicas y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana determinó encabezar un boicot económico para presionar la derogación de dicha ley. Ante la negativa del gobierno, la Liga determinó que la acción cívica se había agotado y que el levantamiento armado sería el 1° de enero de 1927, pero levantamientos espontáneos en Zacatecas habían dado inicio a la cristiada. La rebelión de los cristeros fue un mosaico de expresiones y motivaciones, significó un recrudecimiento de las contradicciones ya existentes en comunidades campesinas donde se evidenciaba, por una parte, el impacto de la secularización decimonónica en algunos pueblos que optaron por ser agraristas y, por otro, la presencia clerical con toda la infraestructura que la “tercera vía” instrumentó para restaurar el orden en Cristo mediante las fuerzas cristeras. En 1929 la alta jerarquía eclesiástica pactó unos arreglos con el nuevo presidente Emilio Portes Gil sin considerar, claro está, a los militantes seglares y cristeros. El gobierno se comprometía a la no aplicación de los artículos constitucionales “molestos” para la Iglesia, pero sin reformarlos, y el culto público fue reanudado. Los ánimos se aplacaron por unos breves años hasta que en 1934, se reformó el artículo 3° para introducir la educación socialista. Una nueva oleada de cristeros surgió pero sucumbió ante la actitud conciliadora de Lázaro Cárdenas y la disposición de la jerarquía eclesiástica a continuar negociando. Por otro lado, el modus operandi que desde 1929 se estableció, en el que el gobierno no aplicaba con rigor los artículos relacionados con la Iglesia, y ésta no se inmiscuía abiertamente en los asuntos políticos, permitió que los conflictos no se desbordaran.

FUENTES

• Los cristeros: antecedentes, guerras y actualidad
• Andrés Azkue, "La Cristiada. Los cristeros mexicanos (1926-1924)". Barcelona, 1999, Historia viva. ISBN 84-931097-2-X.
• Ceballos R., Manuel. Política, trabajo y religión. México, Imdosoc, 1991. (1991.a)
• Meyer, Jean. La cuestión religiosa en México. México, Imdosoc, 1989. (1989:b).